Organizaciones ambientales, estudiantes y defensores de la fauna se movilizaron el sábado 22 de agosto en Santiago y otras ciudades en la "Marcha Nacional contra los Retrocesos Ambientales y por los Animales". Los convocantes pertenecen a la Asamblea Ecologista Nacional de Chile y otras agrupaciones locales.

Los manifestantes denunciaron que el Gobierno de José Antonio Kast retiró del trámite de la Contraloría una batería de normas y que aún no reintegra la totalidad de esas medidas. Según los organizadores, se trata de 43 decretos impulsados entre 2023 y 2026 durante la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), que regulaban permisos y protecciones ambientales.

Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, afirmó "Ni un paso atrás en los retrocesos ambientales implementados especialmente por este Gobierno", y vinculó parte de las modificaciones a artículos impugnados de la megarreforma económica y tributaria que, dijeron, afectaban la permisología ambiental. Los activistas también alertaron sobre denuncias públicas que señalan la intención de autorizar la caza de lobos marinos para beneficiar a las salmoneras y a la pesca industrial de arrastre, una medida que, de concretarse, tendría impacto sobre ecosistemas costeros y comunidades pesqueras.

En la marcha hubo representaciones de pingüinos, especie protegida en Chile, pancartas contra las carreras de perros y voces locales como Carola Fredes, activista del movimiento Punta Fraile, que señaló la amenaza inmobiliaria sobre zonas costeras como Algarrobo, en la región de Valparaíso. Una estudiante identificada como Valentina, de la Universidad Católica de Chile, dijo que los participantes salen a la calle para hablar por los animales que no pueden hacerlo.

Históricamente, la cuestión de los decretos marca un choque entre gobiernos con prioridades distintas en materia ambiental. La retirada de normas por parte del Ejecutivo remite a una reversión administrativa que, de mantenerse, puede debilitar estándares con efectos sobre la pesca, la conservación costera y permisos de proyectos. Ganadores potenciales serían intereses productivos que buscan mayor flexibilidad regulatoria; perdedores, comunidades locales, ecosistemas y sectores turísticos que dependen del patrimonio natural.

Políticamente, la movilización presiona al Congreso y al Tribunal Constitucional de Chile, que ya han sido escenario de disputas por reformas impulsadas por el Ejecutivo. Si las organizaciones mantienen la capacidad de litigio y movilización, podrían forzar la reincorporación de normas o mantener bloqueos judiciales a iniciativas que consideran regresivas. Para la ciudadanía, la disputa se traduce en decisiones concretas sobre uso del territorio, acceso a áreas costeras y protección de especies.

La marcha se realizó el 22 de agosto y esta semana el Congreso de Chile aprobó la idea de legislar un proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de perros, paso que los organizadores destacaron como una señal de atención política a demandas ciudadanas.