Aprueban polémico proyecto minero de tierras raras en Penco y Lirquén con fuerte oposición ciudadana La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío aprobó la iniciativa de Aclara Research con 12 votos a favor. La comunidad advierte sobre los peligros de la radiactividad a menos de un kilómetro de las zonas pobladas.
proyecto minero de tierras raras en Penco y Lirquén 03:06 Compartir El código iframe se ha copiado en el portapapeles En medio de manifestaciones y un tenso ambiente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Biobío aprobó el proyecto minero de tierras raras de la empresa Aclara Research, el cual busca instalarse en los cerros de las comunas de Penco y Lirquén. La iniciativa recibió luz verde tras obtener 12 votos a favor, contando con el respaldo de la Delegación Presidencial y las secretarías regionales ministeriales (Seremis) de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo Social.
Según los antecedentes presentados en la sesión, la construcción de este proyecto minero contempla un periodo de nueve años de edificación y se proyecta que generará un promedio de 901 puestos de trabajo en la zona. “No queremos ser una zona de sacrificio” La decisión de las autoridades desató la indignación inmediata de las agrupaciones vecinales que llegaron hasta la sede de la Delegación Presidencial para manifestar su rechazo.
Camila Arriagada, vocera de las juntas de vecinos opositoras al proyecto, calificó el actuar de los seremis como “irresponsables y negligentes”. La dirigenta acusó que la aprobación responde a acuerdos previos del Gobierno para vender estos minerales a Estados Unidos e incentivar el extractivismo, advirtiendo que la comunidad busca potenciar “la vocación turística y gastronómica de nuestra comuna y no ser una zona de sacrificio minero”.
Revisa también: Frente a este escenario adverso, los opositores confirmaron que el conflicto está lejos de terminar. Ragada anunció que la comunidad recurrirá a todas las instancias de recursos administrativos y legales para frenar la iniciativa, argumentando que no todas las observaciones ciudadanas fueron respondidas de manera satisfactoria durante el proceso de evaluación.