La bancada de izquierda y centroizquierda selló un acuerdo para respaldar la candidatura de la diputada Pamela Jiles, del Partido de la Gente (PDG), en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados que se realizará el próximo miércoles en Valparaíso. La decisión busca, según sus impulsores, bloquear el intento de la derecha por controlar la mesa directiva.
La oferta que hizo la coalición progresista al PDG consiste en que esa colectividad asuma la presidencia de la Cámara el primer año de la mesa directiva, en un cargo que se mantendría hasta marzo de 2027. Ese acuerdo, negociado entre fuerzas que van desde el Partido Comunista (PC) hasta el Socialismo Democrático, expresa un pragmatismo táctico ante el veto que anunció la derecha contra el PC y el Frente Amplio.
El jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista (PS), Juan Santana, afirmó "Todos estamos alineados y vamos a ganar la presidencia de la Cámara", y ratificó que "tenemos un acuerdo con el PDG, donde ellos tendrán la presidencia el primer año". Santana planteó el respaldo como parte de una estrategia colectiva más amplia y no como una adhesión personal a figuras concretas.
La eventual postulación de Jiles no estuvo exenta de tensiones internas. En el pasado cónclave en La Moneda la excandidata presidencial Jeannette Jara, del Partido Comunista (PC), había cuestionado esa posibilidad. Pese a eso, fuentes consultadas en varias bancadas dijeron a este medio que primó la lógica de impedir que la derecha —y sus alianzas— controle la mesa y la agenda parlamentaria.
Marcos Barraza, diputado electo y dirigente del PC, resumió la posición de varios legisladores en Canal 13: "La política es mucho más que personas... Que la extrema derecha no llegue a la presidencia de la Cámara, es un criterio central en mi opinión". Barraza añadió que la conformación de la presidencia de la mesa directiva afecta la distribución de comisiones, y con ello la capacidad de la futura oposición para influir en la tramitación de proyectos.
En el trasfondo está la hoja de ruta de reformas que planea el gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, y que diversos actores políticos vigilan con atención. En Chile, la oposición interpreta la presidencia de la Cámara como una palanca institucional para moderar y fiscalizar iniciativas legislativas que puedan alterar el equilibrio político y social.
La jugada táctico-electoral deja abiertas varias preguntas. No está claro aún si todas las bancadas mantendrán la disciplina de voto el día de la elección, ni cómo reaccionará la derecha ante una derrota en la mesa. Tampoco se han publicado mecanismos formales para repartos de comisiones y cargos internos entre las colectividades que sostienen el acuerdo.
El miércoles próximo será la prueba de fuego: la votación decidirá si la estrategia pragmática de la oposición logra concretarse y qué señales enviará sobre la capacidad de contención respecto de los posibles envíos legislativos del Ejecutivo. Más allá del nombre que resulte electo, la disputa deja en evidencia que la batalla por la Cámara es también una contienda por la agenda política de los próximos años.