Contribuciones: Ocec-UDP lanza propuesta neutra fiscalmente y que no exime a adultos mayores de ingresos altos El centro de estudios sugiere un esquema que incluya un porcentaje máximo de pago contingente sobre los ingresos anuales de las personas, y una postergación del resto de la contribución hasta el momento que se venda o hereda la vivienda y un incremento de la recaudación del Fondo Común Municipal. En momentos en que el denominado proyecto de Reconstrucción sorteó con éxito la Cámara de Diputados y se prepara para iniciar su trámite en el Senado, un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (Ocec-UDP) plantea una propuesta alternativa a la medida de exención de las contribuciones de la vivienda principal para personas mayores de 65 años incluida en la megarreforma.
El estudio, realizado por los economistas Antonio Espinoza y Juan Ortiz, hace un análisis de lo que se ha hecho en otros países en esta materia y propone una iniciativa que incluya un rediseño del actual Beneficio al Adulto Mayor (BAM) -el cual hoy permite a adultos mayores reducir el 100% de la contribución a personas con ingresos anuales hasta 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA) (casi $11 millones anuales) y el 50% a los que tienen ingresos entre 13,5 y 30 UTA (hasta unos 24 millones) - y que adolece de un “vacío regulatorio” que lleva a que se excluya del beneficio a algunas personas en función del avalúo de sus propiedades, incluso si tienen ingresos bajos. La propuesta de los investigadores apunta a un proyecto que incluya un porcentaje máximo que el pago contingente de las contribuciones de la vivienda principal pueda significar sobre los ingresos anuales del contribuyente, que sea fiscalmente neutro en el largo plazo, y que no se exima de pago a los contribuyentes de altos ingresos que sean adultos mayores, tal como lo propone la megarreforma.
El actual proyecto de ley del gobierno despachado por la Cámara de Diputados contempla un conjunto de medidas que incluye la exención de las contribuciones de la vivienda principal para personas mayores de 65 años, la cual es hoy cuestionada por alcaldes de diferentes tendencias por el “hoyo” financiero que dejaría en las municipalidades y en el Fondo Común Municipal (FCM), y por eximir del pago del impuesto territorial a contribuyentes de altos ingresos. La iniciativa contempla que el número de beneficiados rondaría las 294.607 personas y que la menor recaudación del Fondo Común Municipal producto de la aplicación de esta medida ascenderá a $203.499 millones al año 15 de vigencia de la ley, cifra cercana a 0,02% del PIB, la cual deberá ser compensada por aportes fiscales.
“El esquema propuesto permite avanzar hacia una mayor cobertura de adultos mayores, hacer el beneficio más progresivo, y mitigar la pérdida de ingresos al Fondo Común Municipal. Más aún, tiene el potencial de ser implementado para más grupos de la población”, resume el documento de Espinoza y Ortiz.
Las ventajas Según el texto, el beneficio del esquema propuesto no considera el avalúo fiscal de la propiedad habitacional ni de los demás bienes raíces del adulto mayor. Por otro lado, considera que el pago de las contribuciones varíe según los ingresos de las personas: sería de 0% para contribuyentes con ingresos anuales menores o iguales a 13,5 UTA y entre 2% y 5% para personas con ingresos monetarios mayores a 13,5 UTA y menores o iguales a 30 UTA.