Los Pescadores Industriales del Biobío, encabezados por Macarena Cepeda, presidenta del gremio, denunciaron que la Ley 21.134, promulgada en agosto de 2019, dejó sin capturar cerca de 100.000 toneladas de cuota durante 2025 y que desde su entrada en vigencia suman casi 800.000 toneladas sin procesar.
El gremio atribuye al cambio legal la exclusión del sector industrial en la extracción de jibia, lo que, según su informe interno, provocó el cierre inmediato de cuatro plantas de proceso en Talcahuano, Coronel y Lota y la pérdida de unos 1.700 empleos directos en la región del Biobío.
En cifras, los industriales calculan que la falta de procesamiento desde 2019 equivale a US$1.500 millones en exportaciones no realizadas. Para la organización, esto representa una caída sostenida de encadenamientos productivos y una pérdida de competitividad para la industria pesquera chilena.
La discusión sobre la captura local llega cuando la organización Environmental Justice Foundation (EJF), una ONG ambiental, publicó el informe "Invisible e impune" que documenta la operación masiva de buques en el borde de la Zona Económica Exclusiva, ZEE. El informe señala la presencia de 528 buques calamareros en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, OROP-PS, volumen que representa el 98,7% de la actividad extractiva de jibia en aguas internacionales del Pacífico Sudeste.
La EJF también advierte sobre un aumento de recaladas de naves con bandera china en puertos chilenos, tras mayores exigencias impuestas por Perú, según el propio documento. Ese escenario internacional, dicen los industriales, agrava la falta de oferta de materia prima nacional y debilita la posición de Chile frente a flotas extranjeras.
Macarena Cepeda calificó la norma en términos tajantes y señaló que "la Ley de la Jibia es por lejos la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile". Esa lectura del gremio coloca la norma como origen de desindustrialización regional y pérdida de empleos. Esa es la interpretación del sector industrial; defensores de la ley han sostenido históricamente que buscaba proteger faenas artesanales, aunque en esta nota no hay una contraparte oficial citada.
Políticamente, la situación abre un dilema: reactivar la captura industrial implicaría revisar la aplicación de una ley vigente desde 2019, y podría chocar con acuerdos locales o con objetivos de conservación que motivaron la norma. En la práctica, los perdedores claros serían las plantas y sus trabajadores; los posibles ganadores, en el corto plazo, serían actores extranjeros que mantienen intensa actividad en alta mar.
La nota no contiene una respuesta oficial del Gobierno ni del Servicio Nacional de Pesca al balance presentado por los industriales. El próximo paso anunciado por el gremio es presionar por medidas que permitan reactivar la captura industrial y recuperar capacidad de procesamiento, mientras la presencia de la flota extranjera y los vacíos regulatorios en aguas internacionales siguen como amenaza.
En ese contexto, la disputa trasciende lo regional. Si no se alinean políticas públicas, control en puertos y acuerdos internacionales, la capacidad de Chile para transformar su recurso en empleo y exportaciones seguirá disminuyendo, con impacto directo en comunidades costeras del Biobío.