La Fundación Recrea entregó en marzo los resultados de un estudio realizado a mediados de 2025 sobre la niñez que vive en campamentos en cinco regiones: Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta y Biobío. El informe identifica problemas persistentes en acceso a alimentación escolar, servicios básicos y oportunidades educativas para quienes viven en asentamientos informales.
El estudio constató que 40% de las personas que habitan estos campamentos son niños, niñas y adolescentes, y que, de ese grupo, 57% son niños chilenos. Entre las deficiencias más relevantes, los adultos responsables señalaron que 24,8% de los menores no recibe comidas en sus escuelas. La investigación analizó además factores territoriales como inseguridad del entorno, limitado acceso a servicios básicos y exposición a riesgos naturales, elementos que agravan la vulnerabilidad de la niñez.
Estas cifras, según Recrea, superan los indicadores que aparecieron en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, conocida como Encuesta Casen, de 2017 y 2022, publicada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La Casen ha mostrado un empeoramiento de la inseguridad alimentaria a nivel nacional entre ambos levantamientos, pero el informe de Recrea pone el foco en las desigualdades concentradas en campamentos, que no siempre quedan reflejadas en promedios nacionales.
Cuando hablamos de campamentos nos referimos a asentamientos informales donde muchas familias carecen de acceso regular a agua potable, saneamiento y vivienda adecuada. En este contexto, la falta de alimentación escolar no es solo una carencia educativa, sino un problema de salud y desarrollo: la literatura científica asocia la inseguridad alimentaria con peores resultados escolares, menor capacidad de concentración y mayores riesgos para la salud física y mental de los niños.
En Chile, la alimentación escolar está a cargo, entre otras instituciones, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, que administra programas de desayuno y colación en establecimientos educacionales. El informe de Recrea plantea la necesidad de mejorar la focalización de esos programas, ampliar la cobertura territorial y reforzar acciones intersectoriales entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Educación para llegar a los campamentos.
El estudio también recuerda el marco de derechos: el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el derecho a un nivel de vida adecuado exige cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, vivienda y salud. Para los autores de la investigación, eso implica priorizar intervenciones que combinen entrega de alimentos, apoyo escolar y mejoras en infraestructura básica en los asentamientos.
Como próximas señales a observar, Recrea plantea monitorear la implementación de políticas públicas focalizadas en campamentos y la adaptación de programas de alimentación escolar fuera del horario lectivo, cuando corresponda. Especialistas en políticas sociales consultados por el informe recomiendan también incorporar a las propias comunidades en el diseño y entrega de soluciones, para que las acciones respondan a las condiciones reales del territorio.
La evidencia del estudio muestra que, sin medidas más precisas y con foco territorial, los promedios nacionales pueden ocultar brechas profundas que afectan a casi la mitad de la población de los campamentos: los niños, niñas y adolescentes. Para revertir esa desigualdad, el debate público y las decisiones presupuestarias deberán priorizar la seguridad alimentaria y el acceso educativo en esos asentamientos.
