En los pasillos de cualquier supermercado chileno, la decisión de compra cambió. Juan Carlos Martínez, dueño de una tienda en Santiago, lo notó rápido: cuando un producto acumula varios octógonos negros, los clientes lo dejan en la góndola y toman otra opción. "Si un producto tiene muchos sellos, la gente no lo compra o se lleva otro", contó a la agencia EFE.

Esa transformación en el comportamiento del consumidor es el resultado más concreto de la Ley 20.606, promulgada en 2016. La norma, conocida como Ley de Etiquetado de Alimentos, estableció la obligatoriedad de los sellos octogonales de advertencia en alimentos y bebidas, y convirtió a Chile en el primer país del mundo en implementar este tipo de sistema.

Los números lo confirman. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la compra per cápita de productos con sellos cayó de manera sostenida entre 2016 y 2022: los alimentos altos en calorías bajaron un 23,8%, los ricos en sodio un 36,7%, los con exceso de azúcar un 26,7% y los altos en grasas saturadas un 15,7%. El 72% de los chilenos respalda la ley, según la consultora Activa Research.

"En estos diez años, hemos visto una transformación de la conducta de los consumidores, lo que muestra que valoran esta regulación", explicó Camila Corvalán, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. "Los consumidores van al supermercado y tienen más herramientas para elegir lo que deben comer."

El impacto trascendió las fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el sistema chileno como el más eficaz a escala global, y su modelo fue adoptado por México, Argentina, Colombia y Brasil. Lo que comenzó como una medida cuestionada por la industria alimentaria se convirtió en el estándar internacional de referencia.

Pero los expertos advierten que los sellos solos no resuelven el problema de la obesidad. Chile sigue registrando cifras elevadas en esta materia, y los especialistas señalan que la ley fue un primer paso eficaz que debe complementarse con políticas sobre publicidad, entornos escolares y acceso a alimentos saludables. Corvalán precisó que si bien el comportamiento del consumidor mejoró, los desafíos estructurales persisten diez años después de la entrada en vigor de la norma.