La aprobación del proyecto de ley âEscuelas Protegidasâ -despachado el 2 de junio por la Cámara de Diputados para su promulgación-, estuvo marcada por reservas de constitucionalidad y votaciones separadas impulsadas por la oposición. Lo que quedó en evidencia en ese debate ây lo que seguirá resonando una vez publicada la leyâ es que en Chile aún no hay acuerdo sobre una pregunta básica: ¿qué significa proteger una escuela?
Durante años, el paÃs operó con una falsa dicotomÃa: que ejercer autoridad era un gesto punitivo y âanti formativoâ, y que la formación genuina requerÃa prescindir de normas. Esa confusión âentre autoridad y autoritarismoâ dejó graves consecuencias.
Directivos con las manos atadas, docentes paralizados por miedo a la Superintendencia de Educación por posibles sanciones, y familias desorientadas en su propio rol formador, olvidando que un niño sin lÃmites claros no es más autónomo, es más vulnerable. Esta ley actúa en dos dimensiones.
En la práctica, restituye herramientas que nunca debieron quitarse porque permite revisar mochilas, fortalece la autoridad docente y habilita respuestas inmediatas ante conductas que interrumpen clases. En lo conceptual, rehabilita algo que nunca debimos olvidar: que la autoridad legÃtima no oprime, sino que protege.
Que el orden en el aula es la condición para que cada niño pueda desarrollar su potencial. Si complementamos la ley Escuelas Protegidas con la Ley de Convivencia Escolar, ambas normas apuntan en la dirección correcta.