Una sociedad democrática no se mide solo por su capacidad de perseguir delitos o de castigar a quienes infringen la ley. También se mide por la forma en que trata a quienes se encuentran en mayor fragilidad.
Y pocas situaciones revelan con tanta crudeza nuestras deudas institucionales como la de las personas con problemas de salud mental que, pese a no ser imputables, terminan privadas de libertad en cárceles comunes. El problema no es marginal desde el punto de vista de los derechos humanos.
El informe temático del Comité para la Prevención de la Tortura, de abril de 2026, ha puesto nuevamente sobre la mesa una realidad conocida por el sistema de justicia, por el sistema de salud y por las instituciones penitenciarias: en Chile hay personas que requieren evaluación, tratamiento y cuidado sanitario, pero reciben como respuesta encierro penitenciario. A abril de 2025, el Comité registraba 191 personas con internación provisional o medidas de seguridad en recintos penitenciarios.
De ellas, 105 estaban en la Región Metropolitana, que concentraba el 55% del total nacional. El CDP Santiago 1 reunÃa por sà solo más de la mitad de los casos regionales y el 28% del total del paÃs.
La frase es dura, pero necesaria: la cárcel se ha convertido, para muchas de estas personas, en la sala de espera del sistema de salud mental. Esa espera puede durar meses e incluso años.
