Con tres votos a cero, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó lo resuelto el 9 de junio por el Juzgado de Garantía local: la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública no tiene legitimación activa para querellarse en el caso por comercio ilegal de recursos del mar, que mantiene a 56 personas imputadas en la región de Los Ríos.

El fallo cierra, al menos en esta instancia, la disputa sobre quién puede ser parte en una causa que el Ministerio Público lleva adelante desde 2024, según informó BioBío Chile. La Seremi había intentado sumarse a la investigación invocando su mandato de velar por la seguridad pública, pero los tribunales desestimaron ese argumento.

El abogado defensor Mauricio Obreque, quien representa a uno de los imputados, explicó el alcance de la resolución. "Le dicen al Ministerio de Seguridad: su querella ni siquiera cumple con los mínimos como para poder ser admitida y para considerarlo legitimado para actuar en esta causa", señaló. Obreque aclaró que la exclusión del organismo no afecta la investigación: el Ministerio Público continuará hasta el final del proceso.

La causa involucra la incautación de vehículos, documentos bancarios y dinero en efectivo, y se investiga la presunta operación de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de grandes volúmenes de recursos del mar. Sin embargo, la defensa planteó que los hechos no configuran un delito contra la seguridad pública.

Mauricio Aguilera, abogado que representa a una docena de los imputados, fue directo en su lectura. "No son hechos que afectan la seguridad pública y no son delitos contemplados en leyes donde se habilita a los querellantes para ejercer esta acción judicial", señaló. Para Aguilera, el fondo del asunto es concreto: "es sencillamente una problemática de venta ilegal de pescado", sin armas ni alteración del orden público de por medio.

El seremi de Seguridad Pública de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, acató la resolución y reafirmó que los fallos de los tribunales se respetan, aunque sostuvo que el caso involucra una presunta asociación ilícita. La investigación queda en manos exclusivas del Ministerio Público.