El gobierno chileno abrió la puerta a reformar el sistema de indemnización por año de servicio, creado en 1978, y el debate llega con datos que incomodan. Según publica La Tercera a partir de un informe del centro de estudios Pivotes, elaborado por la investigadora Soledad Hormazábal, el diseño actual deja a la gran mayoría de los trabajadores sin acceso al beneficio.

Los números lo explican. Solo el 14,3% de las relaciones laborales finalizadas termina con derecho a indemnización. Y entre los que sí reciben el pago, el 60% llevaba dos años o menos en el trabajo, lo que equivale a un máximo de dos sueldos de compensación.

El sistema contempla que los empleados con contrato indefinido, despedidos por "necesidades de la empresa" o por "desahucio" (cuando la empresa decide terminar el vínculo sin invocar una falta), con al menos doce meses de antigüedad, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios, con un tope de once meses. Quedan excluidos quienes renuncian, quienes tienen contratos a plazo fijo y cualquier otra causal del Código del Trabajo.

El problema estructural está en que gran parte de los contratos no sobrevive lo suficiente para calificar. El 35,5% de los contratos formales vigentes dura menos de un año, y solo el 26% supera los cinco años. Del total de contratos terminados sin derecho a este pago, el 70,3% correspondía a contratos a plazo fijo.

La ironía es que Chile, por norma, tiene uno de los sistemas más generosos del mundo. El país tiene la indemnización por año de servicio más alta entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el bloque de 38 naciones desarrolladas, junto a Turquía e Israel. Un empleado despedido con diez años de antigüedad recibe diez sueldos. El promedio del bloque es de 2,68 sueldos, y el 39% de los países miembros no tiene este beneficio.

Para corregir esa paradoja, Pivotes propone un sistema "a todo evento". El mecanismo funciona como una cuenta de ahorro laboral: el empleador cotizaría un 2% del sueldo mensual a una cuenta individual del trabajador. Ese dinero sería del trabajador independientemente de cómo termine la relación laboral, ya sea por renuncia, despido o vencimiento de un plazo fijo.

Si el gobierno avanza en esa dirección, el beneficio dejaría de depender de si la empresa invoca una causal específica de término. La cobertura sería universal desde el primer mes de contrato formal, transformando un sistema que lleva casi cincuenta años sin reformas de fondo.