Esta semana, un centenar de personas que participaban en el Programa Inversión en la Comunidad (ProEmpleo), en sus líneas PIC 2 y PIC 4, recibieron un correo electrónico notificándoles su desvinculación. La consejera regional Tania Valenzuela acusó a la Delegación Regional Presidencial de ejecutar el proceso con "nulo control" y de concentrar los despidos únicamente en Valparaíso y Viña del Mar, lo que a su juicio revela un sesgo político.
El programa es financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso. La razón de fondo para reducir el número de beneficiarios son los recortes presupuestarios que el gobierno de José Antonio Kast ha aplicado a los gobiernos regionales, lo que obligó a achicar el programa para mantenerlo en funcionamiento.
El problema central no es la reducción de plazas, sino cómo se decidió quién quedaba fuera. En la Mesa de Seguimiento y Fiscalización del programa se habían acordado criterios precisos: incumplimiento laboral, emisión de boletas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y situación en el Registro Social de Hogares (RSH), el instrumento estatal que mide vulnerabilidad socioeconómica. Esos criterios no se aplicaron.
En cambio, las ONG, es decir, las organizaciones no gubernamentales que ejecutan el programa en terreno, notificaron las salidas "de manera discrecional y fuera de los plazos establecidos", según Valenzuela, sin el debido seguimiento del encargado regional del programa. La consejera, integrante de la mesa de fiscalización, calificó de "del todo irresponsable" delegar en las ONG la desvinculación de cientos de personas.
Lo que más llama la atención de Valenzuela es la distribución geográfica de los despidos. De todas las comunas de la región, solo Valparaíso y Viña del Mar concentraron las desvinculaciones. Ambos municipios tomaron contacto con la consejera para manifestar su preocupación por la falta de información y de coordinación para establecer medidas de apoyo a los afectados.
