El abogado del exguerrillero Galvarino Sergio Apablaza, acusado en Chile de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina, denunció presión y hostigamiento del Gobierno de Javier Milei contra su cliente, dijo que no está claro que pueda ser extraditado y advirtió sobre su posible "secuestro" y traslado a Santiago sin aval judicial. "Agentes de Interpol Argentina se instalaron en las inmediaciones de la casa de la familia de Apablaza y del departamento de sus hijas; su mujer y sus hijos son seguidos de modo permanente por policías.
Esto es una injerencia arbitraria e ilegal que hemos puesto en conocimiento del juez", dijo a la agencia de noticias EFE Rodolfo Yanzón, representante legal del chileno en la causa judicial sobre su extradición. Apablaza, de 75 años, llegó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile para que fuera devuelto a su país, se encuentra en libertad desde 2005.
En 2010, durante el gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), y tras un fallo judicial en favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la Presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019). Desde entonces, el caso está judicializado y, según Yanzón, el estatus de refugiado sigue vigente a la espera de una resolución definitiva, tras dos fallos en contra de Apablaza (el segundo el mes pasado) y la presentación de un recurso extraordinario.
Un nuevo proceso El abogado subrayó que la causa por el pedido de extradición, iniciada en 2010, es un procedimiento paralelo y que aquella solicitud se cerró tras el otorgamiento del asilo. "Los chilenos y el Gobierno argentino, por ignorancia o conveniencia, insisten en que el proceso se suspendió y que solo falta una firma para su extradición.
Están ejerciendo presión sobre el juez para que la autorice, cosa que no va a hacer, porque entiende la diferencia entre suspender y finalizar una extradición", mencionó Yanzón. El abogado agregó que, en caso de que el cese del asilo quedara firme y Chile decidiera reactivar el proceso, debería iniciarse un nuevo proceso que llevaría a un juicio oral, por lo que la extradición no sería inmediata.