La Cámara de Diputadas y Diputados enfrenta este martes una decisión clave sobre el proyecto de ley del Gobierno "Escuelas Protegidas", que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educativos y que se presentó en el contexto del asesinato de María Victoria Reyes, inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. La votación coincide también con el vencimiento de la urgencia de discusión inmediata impuesta por el Ejecutivo.
Entre sus medidas más destacadas, el proyecto busca permitir la revisión de bolsos y mochilas de los alumnos y, en medio de un fuerte cuestionamiento, dejar sin gratuidad universitaria a aquellos estudiantes que sean condenados por la comisión de algún delito contra las personas o la propiedad. La iniciativa es calificada por algunos sectores de izquierda como un proyecto "antipobres".
Las críticas se centran en el enfoque del proyecto, que, según algunos legisladores, prioriza la vigilancia sobre la prevención. "Este proyecto parte de una preocupación legítima, pero toma un camino lamentablemente equivocado.
Pone el acento en la vigilancia por sobre la prevención, porque la evidencia es clara, las escuelas más seguras no son las más vigiladas. ¿O acaso me van a decir que los establecimientos particulares de Vitacura y de la Dehesa están llenas de carabineros?
No lo creo", cuestionó la diputada frenteamplista Coca Ericka Ñanco. En tanto, su par Javier Olivares (PDG) cuestionó la idoneidad de otorgar beneficios universitarios a ciertos perfiles estudiantiles: "¿Realmente le interesa la universidad a estos adolescentes que hoy destruyen sus liceos o que ya se inscribieron en el bachillerato de la delincuencia?