El debate por el agua volvió a poner al campo chileno en tensión con La Moneda. Desde el sur del país, dirigentes agrícolas de La Araucanía y Los Ríos respondieron esta semana con rechazo frontal a las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien planteó que el sector deberá cambiar su relación con el riego.

"Lo digo con todo cariño y respeto amigos agricultores: van a tener que cambiar el switch. No solamente ellos, todos", afirmó Campos en una entrevista con Radio Infinita, según informó el Diario Financiero. El secretario de Estado argumentó que el agua es un recurso escaso y que el sector agrícola se ha acostumbrado a usarla sin asumir su costo real. "Habrá que ir buscando la forma, pero el uso, la disposición del agua, todo eso tiene un costo. No es como el aire, que aparentemente es infinito", agregó.

La respuesta más directa llegó desde Malleco, en La Araucanía. Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco, rechazó el enfoque ministerial. "Creo que el ministro se equivoca en la forma de apoyar a la agricultura", dijo, y añadió que la escasez hídrica se resuelve con obras, no con cobros. "Le pediría al ministro que sea más aliado de la agricultura, más que un enemigo", señaló.

Naveillán subrayó que su zona atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Para el gremialista, lo que el campo necesita es apoyo estatal para salir adelante, no nuevas cargas económicas sobre un sector ya golpeado. "Sobre todo para La Araucanía, especialmente en Malleco, es donde más necesitamos que el Estado nos ayude", planteó.

La misma postura sostiene la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia, conocida como Saval, que agrupa a productores de la Región de Los Ríos. El gremio señaló que en el sur del país el problema no es la falta de agua, sino la ausencia de obras que permitan almacenarla en períodos de abundancia y distribuirla durante las sequías.

El trasfondo es más amplio que una discusión tarifaria. Chile reformó su Código de Aguas en 2022, poniendo fin a décadas de un sistema que privatizó los derechos de agua durante la dictadura militar, en 1981. La reforma introdujo criterios sociales y ecológicos para asignar el recurso, pero no resolvió la competencia entre los principales sectores que lo disputan: la agricultura, la minería del cobre y el consumo humano.

Esa tensión es la que Campos puso sobre la mesa. Los gremios temen que cualquier esquema de cobro los deje en desventaja frente a la industria cuprífera, con mayor capacidad de pago y acceso a capital. Por ahora, el ministro anunció que el Ejecutivo avanza en grandes obras de infraestructura hídrica a través del sistema de concesiones. Los productores del sur esperan que esas obras sean concretas antes de abrir cualquier negociación sobre nuevos costos para el sector.