Por Antonia Paz Por años, el gobierno anterior construyó una imagen internacional de liderazgo ambiental basada en discursos, cumbres climáticas, fotografías oficiales y una narrativa permanente sobre transición ecológica. Chile debía aparecer ante el mundo como ejemplo de responsabilidad ambiental y compromiso climático.
Pero tras el fin de esa administración, ocurrido el 11 de marzo de 2026, comienza lentamente a aparecer una realidad mucho menos glamorosa: bajo toneladas de retórica verde quedaron obligaciones internacionales básicas simplemente incumplidas. Una de las más graves dice relación con los PCB —bifenilos policlorados—, probablemente uno de los contaminantes industriales más peligrosos aún presentes en infraestructura eléctrica alrededor del mundo.
Chile es Estado Parte del Convenio de Estocolmo. Y ese tratado no establece recomendaciones opcionales ni declaraciones aspiracionales.
Impone obligaciones concretas, exigibles y con plazos definidos. Entre ellas: identificar y registrar equipos con PCB; retirar de uso dichos equipos antes del 31 de diciembre de 2025; asegurar su eliminación ambientalmente racional antes de 2028.
Es decir, cuando terminó el gobierno de Boric, Chile ya debía tener identificado el universo de transformadores y condensadores potencialmente contaminados existentes en el país y contar, además, con un plan operativo serio de retiro y reemplazo. La pregunta es devastadora: ¿Dónde está ese catastro?