La imposición del impuesto al patrimonio a universidades privadas en Colombia sigue generando inconformidades y ahora disputas legales que quedarán en manos de la Corte Constitucional. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó desde el viernes 13 de marzo una demanda para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 0173 de 2026 emitido por el Ministerio de Hacienda, al advertir que este impuesto puede poner en riesgo los recursos destinados a la educación superior y afectar a los estudiantes.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel Según la demanda revelada por el diario El Tiempo, las universidades privadas alegan ante la Corte Constitucional que esta carga fiscal afecta su sostenibilidad financiera y obliga a redirigir fondos educativos al pago de impuestos. Según Ascún, la medida podría incrementar los costos de las matrículas, reducir la oferta de becas y dificultar el acceso a la educación superior para más de 1,2 millones de estudiantes.
El recurso interpuesto por Ascún detalla que el decreto, expedido el 24 de febrero de 2026, impone el impuesto a todas aquellas instituciones privadas cuyo patrimonio líquido supere los 10.474 millones de pesos. En su intervención ciudadana, citada por el mencionado medio, Ascún advirtió que destinar estos recursos al pago tributario “constituye una interferencia directa en su autonomía financiera”, pues la mayor parte del patrimonio se invierte en infraestructura y servicios educativos.
En sus argumentos jurídicos, Ascún afirmó que el Decreto Legislativo 0173 vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva. La organización señaló que el Gobierno no justificó adecuadamente por qué incluyó a las universidades privadas entre los obligados al pago del impuesto al patrimonio.
Ascún insistió en que estas instituciones, por ser entidades sin ánimo de lucro, destinan sus recursos a la misión educativa y científica, no a la acumulación de riqueza. Entre las pretenciones de la asociación solicitaron al alto tribunal que dicte medida de suspensión provisional del impuesto mientras la Corte evalúa su constitucionalidad.