La Contraloría General de la República fue terminante en su dictamen: la entonces ministra Trinidad Steinert actuó fuera de las atribuciones que la ley le confería. El organismo de fiscalización determinó que excedió sus competencias al requerir información específica a la Policía de Investigaciones (PDI) y que debió abstenerse de intervenir, dado que tenía una relación previa con los funcionarios involucrados.
No fue la oposición quien lo dijo. Fue el órgano constitucional que tiene por mandato controlar la legalidad de todos los actos del gobierno.
El momento es políticamente sensible para La Moneda. José Antonio Kast llegó a la presidencia con una promesa central: probidad, respeto irrestricto a las instituciones y nadie por sobre la ley. No habría favoritismos. La Constitución dejaría de ser decorativa.
Mientras la Contraloría analizaba el caso, Kast eligió blindar a su ministra. La respaldó en público, en más de una ocasión. Aseguró que había actuado correctamente, que todo estaba conforme a derecho. Repetir la afirmación, sin embargo, no modifica la ley.
Cuando el dictamen ya era público, el Ministerio del Interior sumó su voz: aquí no había nada que ver. El argumento fue el mismo.
Los artículos 6° y 7° de la Constitución no son flexibles. Establecen que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les autoriza, ni un centímetro más. Ese principio se llama juridicidad y es la base del Estado de Derecho. La Contraloría lo aplicó en el caso Steinert. El gobierno prefirió ignorarlo.
