Grupo de damnificados del megaincendio de Valparaíso presenta querella por fraude al fisco Se trata de un grupo de 123 afectados por el megaincendio ocurrido en febrero de 2024, quienes también acusan negociación incompatible por tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público. 43.000 hectáreas destruidas, 137 fallecidos y más de 4000 viviendas afectadas son algunas de las cifras que dejó el gran incendio de Valparaíso ocurrido entre el 2 y el 3 de febrero de 2024 y que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, particularmente.
Debido a las graves consecuencias del siniestro, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces liderada por Sofía González (PC), entre otras empresas contrató a San Nicolás SpA para hacerse cargo de algunas de las labores de reconstrucción. Pero aparecieron problemas, ya que el último informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló severas irregularidades asociadas a esta, y otras relativas a la propia Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, así como a las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, y la Dirección Regional de Arquitectura.
Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos por más de $6.725 millones asociados a diferentes trabajos relacionados a la reconstrucción, los que no tuvieron licitación. Y eso no es todo, ya que recientemente un grupo de damnificados del siniestro denominado como F2, presentó una querella con respecto a lo sucedido, y piden que declare la exdelegada González (actual diputada), cuestionando su rol, así como también el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Se trata de un grupo de 123 damnificados por el megaincendio ocurrido en febrero de 2024, quienes presentaron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra las personas que resulten responsables de lo ocurrido, tanto en calidad de autores, cómplices o encubridores por delitos de fraude al fisco. Así como también negociación incompatible propia, negociación incompatible por tráfico de influencias y falsificación, además de uso malicioso de instrumento público, con el objetivo de esclarecer el destino de recursos comprometidos en el marco de la emergencia.
La acción judicial presentada en tribunales, correspondiente a los 123 damnificados señalados anteriormente, está a cargo del abogado Felipe Olea. La querella criminal por fraude interpuesta super las 40.000 UTM, debido a un esquema de corrupción sistemática con fotografías alteradas, documentación falsa y sobreprecios superiores a 378%, desviando fondos de la reconstrucción.