Hay estereotipos extendidos sobre razas como pitbull, doberman o fila brasileño, que condicionan desde la calle hasta la decisión de adoptar. La discusión pública mezcla percepción, norma y evidencia científica.
En Chile, el artículo 13 de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas incluye una lista de razas y criterios para catalogar perros como “potencialmente peligrosos”. Además de razas concretas, la norma considera perros con gran desarrollo de masa muscular y de aparato masticatorio, y a aquellos que hayan causado lesiones o registrado dos o más mordeduras en el Sistema de Registro de Animales Mordedores del Ministerio de Salud, el Minsal.
La ley establece medidas para quienes opten por tener animales con esas características: uso obligatorio de bozal, arnés y correa en espacios públicos, cercos que impidan fugas, y la asistencia del dueño a un curso de adiestramiento de obediencia, entre otras obligaciones. Esas exigencias buscan reducir riesgos concretos, pero al aplicarse a grupos específicos han provocado estigmas y efectos colaterales en la tenencia y adopción.
A nivel internacional hay ejemplos que alimentan el debate. En Reino Unido y Australia, leyes estrictas sobre razas llevaron al sacrificio de cientos de perros catalogados como peligrosos, independientemente de su conducta. El Comité de Medio Ambiente del parlamento británico, citado por el diario The Independent, pidió revisar la normativa vigente desde 1991; entre 2005 y 2015 las hospitalizaciones por mordeduras subieron un 76%, dato que los críticos usan para cuestionar la eficacia de las prohibiciones por raza.
Muchos especialistas en comportamiento animal sostienen que las prohibiciones por raza no son la solución única. Entre ellos figura Paula Léniz, médico veterinario especialista en etología cognitiva, quien coincide en que hay que mirar el historial y el contexto del animal más que la etiqueta de la raza.
Qué pueden hacer municipios y adoptantes para reducir riesgos y estigmas
Municipios: implementar campañas de educación en tenencia responsable, exigir registros sanitarios y de conducta individual, facilitar cursos de socialización y adiestramiento subvencionados, y promover programas de esterilización y microchipeo. Adoptantes: evaluar el comportamiento individual del perro antes de adoptar, exigir certificados veterinarios y de desparasitado, invertir en socialización temprana y adiestramiento profesional, y asegurar un entorno doméstico con cercos adecuados y supervisión.
Contexto social y estado actual
La regulación chilena combina medidas preventivas útiles con el riesgo de estigmatizar razas. La evidencia internacional indica que la peligrosidad es más compleja que una etiqueta racial; la conducta del animal está mediada por crianza, socialización, salud y manejo humano. Hoy la discusión está abierta: la ley obliga a ciertas medidas para prevenir daños, mientras especialistas y organizaciones piden políticas más focalizadas en conducta, educación y controles municipales, en vez de prohibiciones categóricas.
Si bien hay consenso en priorizar la seguridad pública, las propuestas contrastan entre reforzar exigencias sobre dueños y revisar listados por raza. En ese punto la decisión política y técnica de municipios, el Minsal y el Congreso será determinante para equilibrar prevención y derechos de animales y familias.
