Tras ajuste ministerial Arribo de biministros enciende el debate por eficacia del Estado El reciente nombramiento de biministros por parte del Ejecutivo ha encendido un debate estructural que va mucho más allá de un simple diseño de gabinete o de un ajuste de nombres en el palacio de Gobierno. Lo que inicialmente se presentó como una estrategia de coordinación sectorial para agilizar la agenda legislativa y económica, hoy es visto por diversos sectores como una ventana de oportunidad -y un experimento político- para evaluar el tamaño, el costo y la verdadera necesidad del aparato estatal.
En el centro de esta discusión se posicionan las visiones que promueven una reestructuración profunda de la administración pública. “Si bien no tengo ninguna información oficial al respecto, creo que se debe aprovechar el nombramiento de biministros para demostrar que se puede hacer un muy buen trabajo con menos funcionarios, vale decir, con un estado más pequeño, pero eficiente”, señala el diputado UDI, Marco Antonio Sulantay, reflejando una postura que gana terreno en los bloques de oficialistas y en gremios económicos.
Esta premisa plantea que la concentración de carteras en una sola autoridad no debe ser una medida transitoria de crisis, sino el primer paso hacia una modernización definitiva. La experiencia de tener a un secretario de Estado liderando dos ministerios simultáneamente abre una interrogante clave: si una sola jefatura puede coordinar con éxito dos áreas estratégicas, ¿son realmente necesarios todos los ministerios actuales?
Para los defensores de la austeridad fiscal, la respuesta es que no son nece3sarios. Existe una confianza instalada en que la calidad profesional de los secretarios de Estado evidenciará que se puede prescindir de algunas carteras o servicios que hoy duplican funciones o generan excesiva burocracia.
Desde la perspectiva de la gestión pública, un “Estado grande” no es sinónimo de un “Estado protector” o eficaz. Al contrario, la superposición de ministerios suele ralentizar la toma de decisiones, atomizar los presupuestos y crear feudos institucionales donde se frena la inversión y la ayuda social.