Sebastián Silva Santiago de Chile, mayo, (EFE).- Un recorte cercano al millón dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha encendido las alarmas entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos en Chile, que temen sea un giro del nuevo gobierno hacia políticas de olvido e impunidad. PUBLICIDAD Una angustia proyectada en el grito "¡Ya no tenemos tiempo para encontrarlos!" y sostenida en otros inquietantes indicios, como la decisión del Ejecutivo de pedir que no se alegue en tribunales contra las solicitudes de beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad.
O también los estrechos vínculos que tienen con el exdictador los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el de Defensa, Fernando Barros, dos de los pilares del gabinete que lidera el presidente ultraderechista José Antonio Kast, cuya familia mantuvo igualmente lazos cercanos con Pinochet. PUBLICIDAD "Tenemos una incertidumbre tremenda porque no sabemos qué va a pasar con la búsqueda de nuestros familiares, este es un Gobierno que no da esas garantías”, afirma a EFE Mónica Monsalves desde Cerro Chena, lugar donde fusilaron a su padre en 1973 y donde se realizan excavaciones para buscar un posible cementerio clandestino de la dictadura.
Y es que la reducción presupuestaria afecta sobre todo al programa que aloja el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada en 2023 para la conmemoración de los 50 años del golpe militar y que busca esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada. PUBLICIDAD El recorte, sumado a los cambios de personal cualificado, "compromete su continuidad y priorización", recalcan los familiares.
Como Monsalves en Chena, Paola Tognola comparte tanto la búsqueda de desaparecidos en Tocopilla, en el norte del país, como la inquietud. PUBLICIDAD "No tenemos claridad de qué va a pasar el próximo año.
Si bien nos dicen que tengamos tranquilidad, tenemos el temor de que nos comiencen de nuevo a cerrar las puertas", señala en respuesta al anuncio del Gobierno de que los fondos solo están garantizados para 2026. Margarita Romero, presidenta de la Agrupación de Familiares de Colonia Dignidad, añade que los dos primeros meses de este nuevo "Gobierno "evidencian un proceso de desmantelamiento progresivo de las políticas de verdad, justicia y memoria, claras señales que configuran un preocupante nuevo ciclo de impunidad que vuelve a dañar a las víctimas y sus familias".