Impacto de Ley de Delitos Económicos: la evaluación de directores de empresas a tres años de entrada en vigencia Durante un seminario organizado por el Centro de Gobierno Corporativo UC, con el apoyo de Deloitte, el gerente general de LarrainVial, Andrés Trivelli señaló que en el país vendrá “una ola donde va a haber una presión fuerte, que me parece muy buena, para controlar efectivamente que el dinero malo” no entre al sistema formal. El impacto de la Ley de Delitos Económicos tras su entrada en vigencia en 2023 se ha hecho sentir en los directorios de las empresas, aunque entre los directores de las compañías no hay una visión única respecto de la relación costos/ beneficios.
Durante el seminario titulado Ser director hoy: cómo decidir en un entorno más exigente, realizado este jueves por el Centro de Gobierno Corporativo UC, con el apoyo de Deloitte, Marcela Toledo, subdirectora de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, señaló que “nos hemos sorprendido” con la implementación de la Ley de Delitos Económicos, pues “supusimos que se iba a aplicar a los delitos eminentemente económicos, o que serían los de primera categoría (como los referidos a la Ley de Mercado de Valores). Pero hasta ahora no ha sido así, hemos visto una mayor aplicación con los delitos de segunda categoría, como delitos tributarios, administración desleal, y por sobre todo, delitos medioambientales”.
Alex van Weezel, abogado penalista, señaló que a nivel de directorios “hay un antes y un después” tras la dictación de la ley, pero explicó que en el cuerpo legal los incentivos no son correctos. A modo de ejemplo, apuntó que en la primera categoría está el delito de corrupción entre particulares, como sería el caso de un “empleado encargado de las contrataciones de proveedores que recibe o pide un beneficio para elegir a un proveedor.
Los creativos que inventaron este delito consideran que la víctima principal no es la empresa, sino que son los competidores del proveedor. Supongamos que una empresa detecta que su encargado de proveedores recibía plata, tiene que pensárselo muy bien antes de denunciar este hecho a la justicia porque le van a preguntar, ‘bueno, pero este delito puede ser base de su responsabilidad como empresa’”.
“No tiene ningún sentido para la empresa, en la práctica, denunciar un acto de corrupción entre privados porque los incentivos que pone la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas están mal puestos”, agregó. En esa línea, señaló que “hay un antes y un después, pero lo diría en algún sentido también para peor”.