Esta mañana la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el principal gremio empresarial chileno, presentó en Vitacura un estudio sobre el impacto del crimen organizado en la economía formal. Los mercados ilegales mueven más de US$5.700 millones al año, le quitan al fisco más de US$1.500 millones en impuestos no recaudados y afectan el crecimiento, el empleo y la inversión privada.

El documento, titulado "Por un Chile sin economía ilícita", fue elaborado junto a 30 gremios adheridos a la confederación y con la participación de cerca de 70 expertos. La presentación contó con la presencia del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).

El informe define la economía ilícita como sistemas paralelos operados por organizaciones criminales que abarcan toda la cadena de valor, desde la producción hasta el financiamiento y el lavado de activos. Lo que la hace difícil de erradicar es que se nutre de brechas regulatorias, debilidades en la fiscalización y marcos sancionatorios que no disuaden, lo que le permite crecer y diversificarse.

La CPC identifica un "círculo vicioso" con tres etapas. Primero, el origen del producto: robo, falsificación, contrabando o sobreexplotación ilegal de recursos. Luego, el acopio y transporte, que se camufla detrás de empresas fachada y facturas falsas. Y finalmente, la comercialización y el lavado de activos, donde las criptomonedas y los rubros con alta circulación de efectivo, como los negocios de juego, facilitan ocultar el dinero.

Susana Jiménez, presidenta de la CPC, fue directa en el diagnóstico. "Constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo y la recaudación fiscal", afirmó.

Para hacer frente al problema, el estudio propone 45 medidas distribuidas en tres frentes: combatir el comercio ilícito, frenar las finanzas ilegales y atacar los delitos en materias primas. El biministro Daniel Mas señaló que el informe abre una reflexión sobre los fundamentos del sistema económico y su vínculo con el marco político y jurídico del país.