Fiscalía formalizará a dos ejecutivos de gigante suiza por estafa en la venta de empresa chilena Además, la justicia rechazó sobreseer a Manuel De La Prida, gerente de Manohay (filial de Straumann), manteniendo su arraigo nacional por presunta estafa en la compra de Alpha Bio a los hermanos Meszaros. La semana pasada, la magistrada Francis Fell del 4º Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Manuel De La Prida, gerente general de Manohay.
De La Prida buscaba cerrar la causa en su contra por presunta estafa, derivada de una acusación de supuesto fraude en la compra del laboratorio Alpha Bio por parte de Manohay, filial de la multinacional suiza Straumann. El conflicto comenzó en 2018, cuando la multinacional suiza Straumann acordó la compra de Alpha Bio, una distribuidora local de implantes dentales fundada por los hermanos Gabriel y Daniel Meszaros.
La transacción se estructuró bajo un modelo de incentivos: el holding europeo pagó el 50% de la compañía al contado por una suma cercana a los US$7,5 millones, mientras que el saldo restante -que los fundadores proyectaban en hasta US$12,5 millones- quedó condicionado al cumplimiento de metas comerciales durante los dos años siguientes, período en el cual los hermanos continuarían liderando la administración. El quiebre definitivo se produjo una vez cumplido el plazo, cuando la multinacional se negó a desembolsar el monto variable argumentando que la empresa no había alcanzado los objetivos de facturación pactados.
Esto gatilló una dura ofensiva legal por parte de los fundadores chilenos, quienes acusaron a la plana ejecutiva de Straumann de haber montado un engaño planificado desde el primer día. Según la querella de los hermanos Meszaros, la matriz saboteó deliberadamente la operación local a través de un plan de asfixia comercial que incluyó el desabastecimiento de productos, el alza arbitraria de precios para restarle competitividad a la marca y el desvío de clientes hacia Neodent, otra filial del grupo, con el único fin de hacer imposible el cumplimiento de las metas y evitar el pago millonario.
Por su parte, la multinacional y su defensa han descartado un “ardid delictivo”, sosteniendo que el conflicto es de naturaleza estrictamente contractual y comercial, y que el desempeño del negocio se vio afectado por las condiciones del mercado y la pandemia. Para el holding suizo, la disputa ya fue zanjada en un arbitraje civil internacional, por lo que acusan a los querellantes de instrumentalizar la justicia penal con el fin de revertir un resultado comercial adverso.