La intención del Gobierno de avanzar en mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión busca entregar certezas a inversionistas que enfrentan horizontes de recuperación extensos y que exigen estabilidad regulatoria para comprometer capital de largo plazo. La premisa parece razonable.
Chile acumula más de una década de crecimiento mediocre, productividad estancada e inversión insuficiente. Sin nuevos proyectos, particularmente en minería, energía e infraestructura, será difícil recuperar dinamismo económico y generar los recursos que el propio Estado necesita para financiar sus compromisos sociales.
Sin embargo, detrás de la promesa de atraer inversión existe una pregunta que el debate público ha evitado: ¿cuánto está dispuesto a sacrificar el Estado para comprar esa certeza? La invariabilidad tributaria no es gratuita.
Significa que determinados proyectos quedarán protegidos frente a futuras modificaciones impositivas, incluso si las condiciones económicas del país cambian radicalmente. En otras palabras, mientras los gobiernos futuros deberán responder a nuevas demandas de gasto, déficits fiscales o crisis económicas, parte de la base tributaria quedará blindada frente a cualquier ajuste.
El riesgo es evidente. Chile enfrenta un escenario fiscal cada vez más estrecho.