Un niño de doce años murió en las primeras horas del martes en la comuna de San Bernardo tras quedar atrapado por el cinturón de seguridad durante una encerrona. El menor viajaba con su padre y su tía cuando delincuentes interceptaron el vehículo. Al intentar bajarse en pleno asalto, el cinturón lo retuvo. Los asaltantes aceleraron sin advertirlo y lo arrastraron por varios kilómetros. Al notar lo ocurrido, abandonaron el auto robado y escaparon en el vehículo con el que habían llegado.
El crimen trajo de vuelta el nombre de Tamara Moya, una niña de cinco años asesinada en condiciones similares el 28 de febrero de 2021 en Pedro Fontova, sector de la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana. Tamara viajaba con su madre cuando un grupo intentó robarles el auto en una encerrona. Aunque no opusieron resistencia, uno de los delincuentes disparó contra la niña. Murió en el lugar.
El caso sacudió al país y derivó en condenas ejemplares. En junio de 2022, el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a los dos responsables: uno recibió presidio perpetuo calificado y el otro, diez años de internación en régimen cerrado.
Pero el legado más duradero de Tamara fue legislativo. Ese mismo año, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley 21.483, que lleva su nombre, con 116 votos a favor, tres en contra y 16 abstenciones. La norma agrava las penas de delitos cometidos contra menores de 18 años, adultos mayores y personas con discapacidad. También incorpora nuevas circunstancias agravantes del delito de homicidio cuando las víctimas pertenecen a esos grupos, y amplía el concepto de homicidio calificado para incluir crímenes motivados por lucro más allá del pago a terceros.
La muerte del niño de San Bernardo reaviva el debate sobre la efectividad de esas penas. Los autores de la encerrona huyeron y permanecían prófugos al momento de publicar este artículo.
