En Perú, en la última década, todo lo que rodea a la figura presidencial se ha transformado en sinónimo de caos, incertidumbre e inestabilidad política. Las elecciones generales de 2026 no solo no escapan a esta lógica, sino que parecen confirmarla con fuerza.
Más que un evento aislado, lo que está pasando estos días, independiente del resultado, es la consolidación de una crisis estructural que ha convertido lo excepcional en regla, manteniendo al Poder Ejecutivo en una permanente cuerda floja. Lo que prometía ser una elección capaz de devolver cierta certidumbre, con 35 candidatos presidenciales y el estreno de un nuevo Congreso bicameral, terminó derivando en un proceso marcado por el desorden.
Retrasos en la instalación de mesas, problemas logísticos, denuncias cruzadas y un conteo que se extendió más allá de lo habitual han reforzado la sensación de fragilidad institucional. En lugar de cerrar una etapa de inestabilidad, el proceso electoral ha profundizado la desconfianza en el sistema político peruano.
La jornada del domingo 12 de abril, que debió ser el momento clave de expresión democrática, terminó extendiéndose de manera inédita hasta el lunes 13. Esta decisión, adoptada por las autoridades electorales como medida de emergencia, buscaba garantizar el derecho a voto de miles de ciudadanos afectados por fallas logísticas.
Sin embargo, el hecho de que más de 63 mil personas no pudieran votar inicialmente por falta de material electoral, principalmente en Lima Metropolitana, expuso una grave debilidad del Estado. Este tipo de errores no son menores, en un contexto donde el discurso del fraude electoral es recurrente, cualquier irregularidad alimenta narrativas de deslegitimación.