El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció ayer que el Ejecutivo pondrá discusión inmediata a un proyecto para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). La iniciativa, en segundo trámite en el Senado, permitiría que menores de 16 y 17 años sean juzgados como adultos si la Fiscalía lo solicita y un juez lo determina.
El catálogo de la propuesta incluye 17 delitos graves: homicidio, violación, daños, incendios y otros crímenes con pena de presidio perpetuo calificado. Según Arrau, los condenados bajo este régimen conservarían sus antecedentes penales al llegar a la mayoría de edad. Si un informe técnico así lo establece al cumplir los 18 años, los tribunales deberían derivarlos a recintos de Gendarmería de Chile.
La diputada Lorena Fries, exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y militante del Frente Amplio, rechazó la medida. "No puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal", afirmó. Fries alertó que la propuesta viola los estándares internacionales de derechos de niños y adolescentes, y que, por la vía del artículo 5 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales como norma vigente, la iniciativa sería inconstitucional.
Desde el Senado, Jaime Araya, del Partido por la Democracia (PPD), adelantó su respaldo. "Es fundamental que los menores de 14 a 17 años que cometan los delitos más graves tengan la aplicación de la ley penal como si fueran adultos", señaló.
La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por Chile, obliga a los Estados a mantener sistemas de justicia diferenciados para menores, con énfasis en la reinserción. Esa norma es precisamente la que Fries invoca para cuestionar la constitucionalidad del proyecto. El Gobierno espera ingresar formalmente las indicaciones en los próximos días, lo que trasladaría el debate central al Senado.
