Donald Trump lleva seis meses aplicando lo que su gobierno denomina "política de máxima presión" sobre Cuba. Sin combustible suficiente para sus plantas generadoras, la isla sufre cortes que superan las veinte horas diarias. La economía cubana, ya debilitada, no tiene cómo absorber el golpe.
Todo comenzó el 3 de enero, cuando Washington instauró la nueva política tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas. "Si estuviera en La Habana, estaría preocupado", dijo entonces Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. El mensaje no era retórico.
El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que completó el bloqueo petrolero sobre la isla, interrumpiendo el flujo de crudo venezolano del que Cuba dependía para generar electricidad. Los apagones, antes frecuentes, se volvieron permanentes.
El golpe a la inversión extranjera llegó el 1 de mayo, con otra orden ejecutiva que estableció sanciones secundarias para cualquier empresa con vínculos comerciales con el Estado cubano. La respuesta fue rápida. Sherritt International, la minera canadiense que representaba la mayor inversión extranjera en la isla, anunció su salida. La siguieron varias cadenas hoteleras internacionales, las dos principales navieras que operaban en puertos cubanos y el banco que gestionaba las transacciones con Visa y Mastercard.
En paralelo, Trump escaló su retórica. Calificó a Cuba de "Estado fallido" y habló en varias ocasiones de "tomar" la isla, agitando la carta militar como herramienta adicional de presión. Washington también ha exigido cambios políticos internos, algo que el gobierno cubano no está dispuesto a negociar.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 13 de marzo la profundidad de la crisis y anunció reformas económicas, entre ellas mayor apertura a la inversión privada. Sin embargo, las negociaciones bilaterales no han producido resultados: Washington no ha retirado ninguna de las sanciones en vigor.
