El derecho a manifestación pública en Chile podría enfrentar un nuevo debate legislativo tras la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado Tomás Kast (Evópoli), que propone fijar responsabilidades legales para quienes organicen, promuevan o convoquen este tipo de actividades cuando deriven en actos vandálicos. La propuesta busca reformar el Código Penal con el fin de tipificar sanciones específicas para los daños ocasionados a bienes públicos y privados durante movilizaciones, y establece además la obligación de adoptar medidas preventivas para evitar episodios de violencia.
El texto legal plantea que los organizadores, convocantes o promotores de reuniones en espacios públicos deberán garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo pacífico de las mismas. En caso de que se produzcan perjuicios materiales con motivo o en el contexto de dichas actividades, dichas personas podrían ser declaradas responsables.
No obstante, la normativa considera eximentes de responsabilidad para aquellos que demuestren haber actuado con la debida diligencia o que entreguen antecedentes que faciliten la identificación de los autores materiales de los destrozos. El diputado Kast enfatizó que la propuesta no busca coartar las movilizaciones, sino más bien resguardar el ejercicio pacífico de esa garantía constitucional.
“En Chile hemos normalizado durante demasiado tiempo que existan manifestaciones que terminan con locales saqueados, mobiliario público destruido, estaciones dañadas y pequeños comerciantes pagando los costos de la violencia. Eso tiene que cambiar”, afirmó el parlamentario.
Kast también subrayó que el proyecto establece “reglas claras y responsabilidades concretas para quienes organizan, convocan o promueven actividades públicas que terminan generando daños a terceros”. El proyecto contempla penas que podrían alcanzar hasta cinco años de presidio y multas proporcionales a la gravedad de los perjuicios ocasionados.