Desde el lunes 16 de marzo de 2026, el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia reanudarán sus sesiones ordinarias para afrontar lo que será la recta final del periodo legislativo 2022 - 2026, en un contexto dominado por la recta final de la campaña presidencial y con un cúmulo de proyectos legislativos decisivos aún pendientes de trámite. El escenario político se redefine ante la inminente transición hacia un nuevo Congreso, donde el Pacto Histórico, colectividad afin al Gobierno del presidente Gustavo Petro, ostentará la mayor presencia en el legislativo, aunque sin la mayoría absoluta necesaria para garantizar la aprobación de sus iniciativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel La agenda legislativa para este periodo finaliza el próximo 20 de junio, cuyo margen de acción de los actuales senadores y representantes a la Cámara será estrecho, ya que solo disponen de poco más de tres meses para debatir y votar propuestas clave que estarán presentes tanto en el cierre del actual cuatrienio como en el inicio del siguiente. Entre los proyectos de mayor peso estructural figuran la ley de competencias y el articulado pendiente sobre la Jurisdicción Agraria y la Jurisdicción Indígena.

La ley de competencias, en particular, busca implementar la reforma del Sistema General de Participaciones incrementando de manera progresiva los recursos destinados a los territorios hasta alcanzar el 39,5% de los ingresos estatales, un punto central para alcaldes y gobernadores y que, de no aprobarse antes del 20 de junio, quedaría para el próximo Congreso. Otra de las propuestas que tendría que ser discutida en este corto periodo es la ley que daría continuidad al Ministerio de la Igualdad, cuya discusión permanece pendiente en la Comisión Primera del Congreso.

Otro asunto relevante es la impulsión de una ley general de cultura, iniciativa emblemática para el Gobierno de Gustavo Petro, por el compromiso de fortalecer el sector a través del recién creado Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La oposición, por su parte, busca aprobar la ley que endurece las penas para aquellos que recluten menores de edad en el conflicto armado, con propuestas de hasta 40 años de prisión y pendiente aún de su tercera y cuarta discusión en la Cámara.

Este proyecto acentúa la confrontación entre bloques, intensificada por la doble agenda electoral y legislativa. Los debates de control político tendrán una visibilidad especial en este periodo.