Gobierno propondrá que menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean transferidos a la jurisdicción penal ordinaria El Ejecutivo presentará indicaciones a una moción, presentada en 2022 por el entonces diputado Longton, que está en su segundo trámite en el Senado. El endurecimiento de las medidas para que las penas de los adolescentes se determine con las reglas de los adultos, ocurrirá solo para un catálogo específico de ilícitos.
Hace al menos dos semanas, antes del brutal crimen de Alejandro Águila en San Bernardo, el ministro de Justicia Fernando Rabat junto al ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano) vienen trabajando en los cambios que impulsará el gobierno a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Todo ese trabajo, que ahora se aceleró luego de los sucesos ocurridos en San Bernardo, se estuvo haciendo sobre la base de la moción parlamentaria que presentó en 2022 el actual senador Andrés Longton (RN) junto a otros diputados de la época.
Si bien en el debate del Congreso hay varias voces que son partidarios de modificar la edad en que los adolescentes pueden ser imputados ante los tribunales, la moción de Longton explora otro camino. Esto debido a que la mayoría de los menores que cometen delitos, lo hacen entre los 14 y 17 años.
El problema que identificó Longton es que el sistema penal tiene una serie de reglas especiales que permiten que finalmente las penas de los adolescentes sean bajas y se cumplan en libertad. Por eso el proyecto que promovió en su momento se hace cargo de eliminar esas reglas especiales de manera que los tribunales, cuando tengan que hacer la prognosis de pena al momento de por ejemplo decretar una medida cautelar, opten por la más gravosa ya que la pena en concreto, en caso de condena, será alta.
“Que los menores de edad que le quitaron la vida a Alejandro hayan estado en libertad a pesar de los sucesivos delitos violentos que habían cometido revela que no solo las penas sino que las reglas dentro determinación de las mismas son permisivas y excesivamente garantistas, lo que implica que difícilmente hoy, a pesar de la gravedad de los delitos, se cumplan penas intensas privados de libertad conjuntamente con programas robustos de reinserción y rehabilitación”, afirma Longton. La idea del proyecto, que está listo para ser votado en general en la sala del Senado, es que se dejen de aplicar, en un catálogo de delitos especialmente violentos y graves, las reglas que hacen que las penas bajen sus grados.