Los diputados Jaime Mulet y Marcela Hernando presentaron este jueves una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, denunciando una supuesta manipulación o sobreestimación de las cifras de producción de cobre al cierre del año 2025. La acción legal se dirige contra todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos directivos y ejecutivos de la estatal, bajo la acusación de haber orquestado una serie de decisiones y omisiones destinadas a aparentar el cumplimiento de objetivos corporativos mediante el bypass de controles internos.
El foco de la controversia se centra en una diferencia de aproximadamente 27 mil toneladas métricas de cobre fino que habrían sido reportadas indebidamente, afectando principalmente a las divisiones de Chuquicamata y Ministro Hales. Según el libelo, este presunto abultamiento de los datos de producción no solo distorsiona la realidad operativa de la minera, sino que habría tenido como fin último la activación de bonos e incentivos económicos por desempeño, lo que podría constituir delitos de fraude al fisco, administración desleal y falsificación de instrumentos públicos.
Ante la gravedad de los hechos, los parlamentarios solicitaron diligencias inmediatas que incluyen la incautación de registros digitales, correos electrónicos y sistemas corporativos de los involucrados. Asimismo, pidieron una audiencia urgente para discutir medidas cautelares que permitan congelar los desembolsos asociados a los polémicos bonos de metas.
Aunque la investigación penal ya se encuentra en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, los querellantes han solicitado que la causa se traslade a la Región Metropolitana, argumentando que es en Santiago donde se encuentra el centro de mando y el edificio corporativo de la compañía. La diputada Hernando subrayó que cualquier perjuicio al patrimonio de una empresa pública representa un impacto directo en los recursos de todos los chilenos, mientras que el diputado Mulet enfatizó que su intención es sanear la administración de la minera para evitar que se debilite su carácter estatal.
En esta línea, los legisladores anunciaron que buscarán una reunión con el nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, para asegurar que la actual gestión colabore con la transparencia del proceso y se aclare el destino de los fondos públicos comprometidos en esta supuesta irregularidad.