El diputado Andrés Celis emplazó al gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, tras cuestionar su postura respecto de la entrega de los recursos necesarios para mantener operativo el programa de drones de televigilancia. El sistema, que ha funcionado de manera ininterrumpida desde el año 2019 con financiamiento regional, enfrenta un escenario de profunda incertidumbre presupuestaria.

El parlamentario manifestó su preocupación por los reparos administrativos que han surgido desde el Gobierno Regional, y destacó que la iniciativa ha servido históricamente como un soporte técnico estratégico para las policías en las tareas de prevención y control del delito. Celis argumentó que, bajo el actual contexto de crisis delictiva que golpea al territorio, resulta fundamental fortalecer las herramientas disponibles y no poner en duda la continuidad de plataformas tecnológicas que ya se encuentran consolidadas e integradas en los planes de seguridad pública.

La crítica del legislador apunta a que el actual nudo del debate no radica en deficiencias técnicas de los dispositivos ni en la efectividad operativa de los patrullajes aéreos, sino que responde netamente a una decisión político-administrativa de las autoridades regionales respecto a las arcas fiscales. Según detalló el diputado, existía una disposición previa y una coordinación transversal entre múltiples agencias del Estado para cofinanciar esta herramienta de resguardo vecinal.

“¿Cuál es la razón ahora de negarse a financiar la continuidad del plan con drones? No veo una crítica al valor del programa, sino una decisión que responde a voluntad política”, cuestionó el diputado Andrés Celis.

Para asegurar la vigencia del despliegue técnico, el sistema requiere actualmente de una inversión cercana a los $725 millones. Estos recursos fiscales específicos se encuentran actualmente en etapa de análisis por parte del Gobierno Regional de Valparaíso, instancia que debe visar los decretos presupuestarios para evitar el apagón de las cámaras de vigilancia aérea que resguardan a la población civil.