El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) falló a favor de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra a Colo-Colo, en una disputa por derechos de formación del mediocampista Carlos Soto, de 24 años. La resolución pone a Deportes Osorno en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
El club del sur tiene 15 días para pagar US$ 56.877, equivalentes a cerca de 52 millones de pesos. Si no cumple, arriesga un descuento de puntos en la Segunda División Profesional, donde hoy lidera la tabla con 20 unidades en diez fechas disputadas.
La directiva no ocultó la gravedad del escenario. En un comunicado, reconoció que el fallo "es un golpe duro para la institución ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club". El monto exigido supera el presupuesto anual de Osorno, lo que convierte la deuda en una amenaza concreta para su viabilidad.
El caso tiene su origen en las divisiones inferiores de Colo-Colo. Soto pasó por las canteras del Cacique hasta 2021, año en que no recibió una oferta profesional y fue captado por Deportes Osorno. En 2022, con el ascenso del club a la Segunda División Profesional, se activaron las obligaciones por derechos de formación que hoy reclama Blanco y Negro. El conflicto se masificó en abril pasado, cuando el Cacique presentó demandas similares contra otros clubes del fútbol amateur.
Paralelamente al proceso ante la ANFP, Deportes Osorno mantiene acciones activas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que analizan si este tipo de cobros vulneran normas de libre competencia. La directiva anunció que en los próximos días definirá los pasos a seguir frente a la sentencia.
