Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago El tribunal de alzada desechó las alegaciones de la Fiscalía y el CDE y zanjó que el principio de los hechos investigados se sitúan en Ñuñoa, comuna donde estaba el departamento que sirvió para la constitución de la fundación. En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó este martes que el caso Democracia Viva deberá trasladarse y continuar su tramitación en Santiago.
Esto, tras revocar la determinación del Juzgado de Garantía de Antofagasta que había rechazado la solicitud de incompetencia de las defensas de Daniel Andrade y Catalina Pérez, dos de los principales protagonistas de dicha arista del caso Convenios. De esta forma, la Segunda Sala del tribunal de alzada de Antofagasta -integrada por el ministro Jaime Rojas, la fiscal judicial María Teresa Quiroz y el abogado integrante Fernando Orellana- desechó los planteamientos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que sostenían que el principio de ejecución de los delitos por los que se acusó a los imputados estaba en la citada ciudad.
En Antofagasta, sostenía la Fiscalía y el CDE, se suscribieron los convenios entre la ONG comandada por el ingeniero civil y la Seremi de Vivienda liderada por Carlos Contreras, que derivarían en tres presuntos delitos de fraude al Fisco. Pese a dichas alegaciones, la corte estimó que los argumentos de las defensas eran atendibles, pues la base de los hechos investigados -como postularon los respectivos abogados-, se remonta a la fecha y lugar en que se suscribió el contrato de arrendamiento del departamento cuya dirección se utilizó para la constitución de Democracia Viva.
Esto es, en la comuna de Ñuñoa. Así, se determinó que el tribunal competente para seguir conociendo de la indagatoria, encargada al equipo que lidera el fiscal regional Juan Castro Bekios, es el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que se ordenó la remisión íntegra de los antecedentes para su conocimiento y tramitación.
Una de los efectos inmediatos de la determinación, será que nuevamente se aplazará la realización de la preparación del juicio oral en contra de los imputados. Tras la determinación, el Octavo Juzgado de Garantía deberá analizar si acepta o no la competencia.