Los comités parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron esta semana el criterio que regirá la conformación de las comisiones mixtas, mecanismo que entra en juego cuando un proyecto de ley registra versiones distintas en ambas cámaras. La definición llega en un momento políticamente sensible, con varios proyectos de seguridad varados en esa etapa de la tramitación.

Según informó BioBío Chile, entre las iniciativas pendientes figuran el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF, que define los protocolos para el empleo de la fuerza por parte de Carabineros y la PDI) y el de Inteligencia Económica. Ambos llevan meses a la espera de que se constituya la comisión mixta, integrada por cinco senadores y cinco diputados, encargada de zanjar las discrepancias entre las versiones aprobadas por cada cámara.

El acuerdo establece que serán los propios comités parlamentarios, y no la Mesa de la Cámara, los que designen a sus representantes y convoquen la primera sesión. Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, respaldó la decisión. "Había que definir el criterio de cómo se van a constituir las mixtas. Ya se aprobó en reunión de comités. Cada partido que le toca un cupo tiene que designar a la persona específica y citar a la primera reunión", explicó.

La fórmula contempla que cada comisión mixta se integre con un diputado de cada uno de los cinco comités con mayor representación en la corporación. En el orden actual, esos bloques son el Partido Republicano, el Frente Amplio, la UDI (Unión Demócrata Independiente), Renovación Nacional y el Partido Socialista.

La controversia se concentra en la regla sobre el "diputado informante", la figura encargada de presentar ante la Sala el informe de un proyecto despachado por una comisión. Por tradición legislativa, ese parlamentario tiene garantizado un cupo en la comisión mixta correspondiente. El problema aparece cuando ese diputado no pertenece a ninguno de los cinco principales comités: según el criterio aprobado, su incorporación se haría a costa del representante del quinto comité de la lista, actualmente el Partido Socialista.

El resultado práctico es que la oposición no podría alcanzar mayoría en esas instancias. El caso más concreto involucra el proyecto de levantamiento del secreto bancario: su diputado informante fue Jaime Araya, parlamentario independiente con cupo en el PPD (Partido por la Democracia). Al no pertenecer a ninguno de los cinco grandes comités, su incorporación desplazaría al representante del Partido Socialista, dejando a la oposición sin votos suficientes para inclinar los resultados.

La disputa tiene consecuencias directas para el calendario legislativo: tanto el RUF como la ley de Inteligencia Económica dependen de que se constituya la comisión mixta, y el criterio aprobado esta semana determinará quiénes tendrán la última palabra en esas discusiones.