El senador socialista Juan Luis Castro, que integra la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, dijo temer que el Gobierno utilice el eventual "Registro de Vándalos e Incivilidades" como una especie de "antídoto" contra un nuevo estallido social debido a la gestión del Presidente Kast. Frente al intenso debate por el anunciado proyecto de ley, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó una primera bajada de sus alcances este martes, explicando en Radio Infinita que la pérdida de beneficios sociales o imposibilidad de postular a éstos se mantendrá por el tiempo en que los infractores permanezcan en la nómina que, dependiendo de la falta, pueden ser desde uno a cinco años.
Consultado al respecto, el senador Castro remarcó que la iniciativa "tiene que distinguir con claridad para que no haya arbitrariedades, ni sean solo los segmentos populares los afectados", argumentando que "hay criminales incluso de lesa humanidad a los que nunca les han tocado ningún derecho social, y ahora se les va a tocar a otros que cometen faltas, ni siquiera delitos". "Si va a haber una reforma al Código Penal, queremos que se diga con claridad qué es cada cosa, porque me temo que detrás de esa iniciativa -que surge extemporáneamente y de la cual no estoy en contra- ¿no habrá una especie de antídoto ante un futuro estallido social?
¿O no será esto una especie de ley antidisturbios que se coloca al principio del Gobierno como un disuasivo para quienes quieran manifestarse?", se preguntó el opositor. "Hay criminales incluso de lesa humanidad a los que nunca les han tocado ningún derecho social", observó el senador socialista.
(Foto: ATON) Más severa es la opinión del diputado comunista Luis Cuello: "Por supuesto que todo delito o infracción deben ser debidamente sancionados, pero la idea de suprimir un derecho social está dirigida exclusivamente contra las personas más vulnerables. El Gobierno del Presidente Kast inaugura un camino peligroso del apartheid social", advirtió.
"La historia demuestra cómo en sistemas democráticos se comienza a anidar la idea de un enemigo interno al que se le demoniza, se le aparta y se le priva de derechos. Ayer fueron los judíos, los afroamericanos, los indígenas, y hoy, con alguna sutileza y la vergonzosa complacencia de este Congreso, se instala en la ley a los pobres como una categoría especial de personas que deben ser castigadas y señaladas como responsables de la violencia en la sociedad", profundizó Cuello.