Ricardo Yáñez, el exgeneral director de Carabineros que hoy dirige el Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), fue tajante: el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar infraestructura crítica junto a las policías ya no es materia de debate. "Si las ocupamos o no, dejó de ser una discusión, es una necesidad real", afirmó en el programa de streaming "Desde la Redacción" de La Tercera.
Esa necesidad, eso sí, no puede existir en el vacío legal. Para Yáñez, la condición previa e indispensable es la aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el marco jurídico que definiría cómo y cuándo los militares pueden actuar junto a Carabineros en escenarios específicos de seguridad pública. Calificó ese requisito de "absolutamente básico" y citó ejemplos internacionales para avalar la fórmula: "Se han hecho en otras partes estos mecanismos híbridos que pueden coexistir".
El diagnóstico que respalda esa posición es severo. Yáñez sostuvo que ha existido un "detrimento" tanto en la oferta como en la capacidad operativa de las policías, una debilidad que volvería urgente el apoyo militar en puntos estratégicos. Al margen de esa discusión, llamó también a realizar "modificaciones legales" en la Ley de Seguridad Municipal para que los inspectores municipales cuenten con garantías jurídicas cuando deban usar la fuerza.
El exjefe policial extendió su análisis a la crisis de seguridad juvenil, que volvió a primera plana tras el asesinato de un niño de 12 años a manos de un grupo de menores de edad. Entrevistado por los periodistas Rodrigo Álvarez y Juan Manuel Ojeda, Yáñez relacionó el fenómeno con la deserción escolar, en su punto más alto en una década. "A mayor deserción, hay mayor cantidad de NNA (niños, niñas y adolescentes) involucrados en rutinas delictuales", sostuvo. Los alcaldes, aseguró, conocen qué jóvenes están en riesgo en sus comunas, pero enfrentar el problema requiere recursos y programas que "funcionen efectivamente".
El debate por la responsabilidad penal adolescente sigue abierto en el Congreso, donde la discusión se centra principalmente en bajar la edad de imputabilidad. Yáñez reconoció que la persecución penal importa para evitar la impunidad, pero insistió en que "lo más importante es que no ocurran los delitos". A su juicio, la conversación legislativa debería atender con igual urgencia las causas estructurales del fenómeno, empezando por la deserción escolar.
