La Junta copió y pegó un informe de Minas Los Frailes para considerarlas de “interés superior” y eludir la norma europea Los vertidos mineros al Guadalquivir coinciden con la zona donde se proyecta una desalobradora para abastecer a 1,4 millones de personas Minas Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), alterará los acuífereos (masas de agua) del entorno y verterá al Guadalquivir a la altura de la capital andaluza, según reconoce la propia empresa: “El proyecto requiere inevitablemente el desagüe y el drenaje de la mina”. Para hacerlo, necesita que la Junta de Andalucía considere la actividad minera de “interés público superior”, una figura jurídica que permite eludir la Directiva Marco del Agua de la UE.
La Delegación de Industria en Sevilla ha justificado esta consideración especial en un escrito en el que copia y pega los argumentos de la empresa extractora. Pero el Tribunal Supremo ya ha tumbado proyectos, como el embalse de Biscarrués (Huesca), al exigir una justificación exhaustiva y propia de la administración para la declaración que permite evitar la norma de aguas.
Además, tanto estos vertidos como el de Mina Las Cruces (también cercana a Sevilla), se efectuarán en una zona del río próxima a donde Emasesa, la empresa de aguas de Sevilla que abastece a 1,4 millones de usuarios, proyecta una desalobradora de 60 millones de euros para captar recursos del que beberían la ciudad y otros 12 municipios en caso de sequía. La mina de Aznalcóllar fue la protagonista de la catástrofe ecológica de hace 28 años, cuando el colapso de una balsa de vertidos mineros contaminó 5.000 hectáreas del entorno.
Su reapertura ha movilizado a decenas de organizaciones que consideran que no están garantizadas todas las exigencias medioambientales y se verterán a pocos kilómetros de Doñana y junto a la ciudad de Sevilla cantidades muy elevadas de elementos potencialmente tóxicos como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros, según varios informes científicos. Por el contrario, la empresa y la Junta de Andalucía consideran que el empleo, las acciones medioambientales previstas y la extracción de “materias primas estratégicas para la UE” compensan aplicar el artículo 4.7 de la directiva comunitaria del agua (DMA), que permite autorizar proyectos, aunque provoquen el deterioro de una masa de agua o impidan alcanzar el buen estado hídrico.
Pero para esta exención es necesario que se consideren de “interés público superior”. A pesar de que el Supremo exige la máxima autoridad para esta consideración, la propuesta de la declaración la firma la Delegación de la Junta en Sevilla, una instancia inferior a la Consejería; no incluye un informe exhaustivo independiente y propio y, por el contrario, reproduce literalmente argumentos de la empresa minera interesada en la explotación.