La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó al municipio local a entregar los documentos que justifican el monto acordado en un acuerdo extrajudicial con el Club de Deportes Antofagasta (CDA), el equipo de fútbol profesional de la ciudad. El organismo fiscalizador advierte que los antecedentes disponibles no permiten entender cómo se llegó a esa cifra.

La denuncia que activó el requerimiento la presentó Karina Guzmán Arias, concejala del municipio, quien alertó que el acuerdo podría equivaler a una condonación de deuda con perjuicio para el patrimonio comunal.

El punto de partida es un informe elaborado en mayo de 2025 por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la unidad municipal que gestiona, entre otros asuntos, el uso de espacios públicos. Ese documento evaluó la deuda del CDA en $638.831.206, correspondiente al uso de la cancha número 2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y su infraestructura asociada, acumulada por años de uso de instalaciones municipales.

Siete meses después, el alcalde Sacha Razmilic y el representante del club firmaron una transacción extrajudicial, es decir, un acuerdo que zanja una disputa sin recurrir a los tribunales. El trato fijó el monto en $200 millones, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333. Como parte del acuerdo, el municipio renunció además a ejercer cualquier acción judicial o administrativa contra el CDA por hechos anteriores a la firma.

Contraloría reconoce que una transacción de este tipo puede implicar concesiones de ambas partes, pero aclara que cuando un órgano público renuncia a derechos, eso constituye una medida excepcional que no puede afectar el patrimonio de la institución.

Lo que el organismo fiscalizador no logra determinar es por qué $200 millones y no otra cifra. El municipio argumentó que sus propios informes internos carecían de una metodología para calcular con exactitud lo adeudado, y que el club nunca reconoció formalmente la deuda, lo que la hacía difícil de cobrar judicialmente. Contraloría lo registra, pero concluye que eso no basta: "no advierte cuáles son los antecedentes ni los fundamentos que sustenten la determinación del monto de $200.000.000 acordado".

El municipio deberá remitir los antecedentes que expliquen cómo se llegó a esa cifra. La respuesta determinará si Contraloría da por cerrada la observación o profundiza la revisión del acuerdo.