La ContralorÃa Regional de ValparaÃso concluyó que la resolución exenta N°2.563, correspondiente al año 2025 de la SubsecretarÃa de Pesca y Acuicultura (Subpesca), âno se ajustó a derechoâ, cuestionando el mecanismo impulsado durante la gestión del exsubsecretario Julio Salas para incorporar nuevos armadores artesanales a distintas pesquerÃas del paÃs. El dictamen se originó tras una presentación realizada por Sonapesca y varias organizaciones de pescadores artesanales, quienes acusaron que la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir indiscriminadamente el acceso a pesquerÃas que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.
Cabe recordar que el âRegistro Pesquero Artesanalâ (RPA) es un catastro formal para ejercer la pesca artesanal-comercial. Establece un número de pescadores cuyo propósito es ordenar, controlar y hacer sustentable en el tiempo la actividad pesquera.
Pese a que el RPA se encontraba cerrado y en un perÃodo de análisis de la solicitud de ingreso de miles de pescadores artesanales a lo largo del paÃs, la administración del expresidente Gabriel Boric, a través de Julio Salas, estableció âa juicio de los denunciantesâ nuevas reglas, manipulando para sus fines la aprobada Ley de Fraccionamiento Pesquero. La resolución declarada ilegal por la ContralorÃa En concreto, la anterior administración abrió el registro pesquero artesanal para que se inscribieran cerca de 12 mil nuevos pescadores en pesquerÃas como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.
No obstante, ahora, la ContralorÃa determinó que las exautoridades de la SubsecretarÃa de Pesca, encabezadas por Julio Salas, no cumplieron las exigencias establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, actuando fuera de la normativa vigente. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que se utilizó la Ley N° 21.752 para justificar nuevas incorporaciones al Registro Pesquero Artesanal, pese a que dicha norma únicamente modificó el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y artesanal, pero no permite la reapertura de pesquerÃas cerradas, ni modificar el régimen de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal, ni eliminar las restricciones para pesquerÃas en plena explotación.
Además, el órgano contralor reiteró que dicha medida exige consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente, señalando que se hizo âeludiendo el mecanismo legal de reemplazo por vacancia y desnaturalizando el carácter cerrado de dichas pesquerÃasâ. AsÃ, el dictamen de ContralorÃa determina que la medida carece de sustento técnico suficiente y que se implementó sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente.