La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, el proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast instruir a todos los ministerios dejar sin efecto circulares, resoluciones u otro tipo de acto administrativo “que imponga el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos, y que ordene por decreto el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”. Se trata de una iniciativa impulsada por los diputados UDI Flor Weisse, Daniel Lilayu, Sergio Bobadilla, Cristóbal MartÃnez, Guillermo RamÃrez, Marco Antonio Sulantay, Hotuiti Teao y Marlene Pérez.
El proyecto aprobado indica que “durante el gobierno del presidente Boric se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto o simplemente definen su posición al respecto”. La bancada del Partido Republicano festejó la aprobación del proyecto, señalando en una publicación de su cuenta de redes sociales que “el Estado debe hablar el idioma de todos los chilenos, con claridad y sin ideologÃas.
Valoramos el fin del lenguaje inclusivo aprobado en la Cámara, para las instituciones públicas”, acompañado de una imagen con la leyenda “No más lenguaje inclusive”. Cabe señalar que, más allá de una alusión a “distorsiones gramaticales del lenguaje”, el documento no hace una definición especÃfica respecto de qué es lo que entiende por lenguaje inclusivo, algo que fue cuestionado por organizaciones sociales que ven en la resolución un retroceso.
El encargado de DDHH del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez, señaló que âsin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición.
En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirlaâ. âTememos el negativo impacto que esto puede tener en las personas históricamente discriminadas, en especial en las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere de un lenguaje inclusivo, de manera de garantizar la no discriminación, tal y como lo exige la Ley Zamudio y lo ha planteado la jurisprudencia.