Cinco años después de que el Estado chileno comprometiera una hoja de ruta para combatir los microplásticos en sus costas, la Contraloría General de la República (CGR) constató que nadie sabe bien si esa promesa avanza.
La auditoría, recogida en el Informe Final N° 129 de 2026, examinó el período 2021-2030 de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El resultado: la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, conocida como Directemar, no realizaron las gestiones adecuadas para promover y difundir los programas comprometidos.
La observación más grave recayó sobre la Subsecretaría del Medio Ambiente. El organismo "no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas", señaló la CGR. A marzo de 2026, la repartición no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, lo que "podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones en esta materia", advirtió el ente fiscalizador.
La auditoría también detectó irregularidades en procesos de pago asociados a actividades de difusión y capacitación. La subsecretaría deberá ajustar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control e incorporar los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.
La Contraloría instruyó a ambas subsecretarías adoptar medidas correctivas en un plazo de 60 días hábiles contados desde la notificación. La Subsecretaría del Medio Ambiente debe remitir los procedimientos de seguimiento e informar las coordinaciones realizadas. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por su parte, tiene que acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances programados para 2026.
