La política chilena lleva años refugiándose en argumentos técnicos para sostener decisiones que son, en el fondo, profundamente políticas. Una columna publicada esta semana lo pone en palabras directas: la legalidad es una condición indispensable para gobernar, pero no alcanza para hacer que las decisiones sean legítimas.
El argumento central es conocido, pero pocas veces se formula con tanta claridad. Cualquier autoridad puede actuar dentro de sus atribuciones legales y, al mismo tiempo, generar rechazo ciudadano. La ciudadanía no solo evalúa si la autoridad actuó conforme a la ley. Pondera también cómo lo hizo, cuándo y respecto de quién.
El texto identifica una trampa frecuente en el ejercicio del poder: disfrazar decisiones políticas de criterios técnicos o legales, como si el resultado fuera inevitable y neutral. Esa operación no es inocente. "Cuando un camino político se disfraza de técnica, no deja de ser política. Solo se vuelve menos transparente", sostiene el autor.
La advertencia más contundente llega al final. El columnista alerta sobre el riesgo de incorporar algoritmos e inteligencia artificial al proceso de adopción de decisiones públicas. "Si dejamos que las máquinas adopten decisiones públicas, cedemos, en parte, la clave soberana sobre la cual descansa nuestra sociedad", escribe. El peligro, concluye, es que esa soberanía quede en manos de quienes controlan o entienden estas tecnologías.
El debate no es nuevo, pero cobra urgencia en un momento en que varios países, incluido Chile, discuten cómo incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión pública. La pregunta que deja abierta la columna es la misma que enfrentan los gobiernos hoy: cuánta eficiencia se puede ganar automatizando decisiones antes de que el costo en legitimidad democrática supere el beneficio.
