El bloque oficialista sostiene hoy su mayoría en el Senado con el mínimo indispensable: 26 votos de los 50 que conforman la Cámara Alta. Cualquier variación en esa cifra complica los proyectos de ley que La Moneda considera prioritarios. Tres investigaciones judiciales en curso contra senadores amenazan ese equilibrio.
El caso más avanzado afecta al senador Miguel Ángel Calisto. El Ministerio Público lo acusa de fraude al Fisco por supuestas irregularidades en asesorías parlamentarias cometidas durante su período como diputado. La Fiscalía solicitó una pena de 12 años de presidio y ha pedido nuevamente su desafuero, el mecanismo que retira la inmunidad parlamentaria y permite juzgar a un parlamentario como a cualquier ciudadano. Su defensa sostiene que hay recursos judiciales pendientes que podrían demorar el proceso.
La senadora Camila Flores también está bajo investigación. La causa apunta a un presunto fraude relacionado con devoluciones de dinero por parte de colaboradores cuando ejercía como diputada. La investigación permanece bajo reserva y se encuentra en una etapa inicial, lo que hace difícil proyectar su evolución.
Más incipiente es la situación del senador Alejandro Kusanovic, investigado por la Fiscalía Regional de Magallanes por supuestas devoluciones forzadas de remuneraciones de asesores. El organismo confirmó que la causa tiene diligencias activas en desarrollo.
Según reportó The Clinic, dentro del Gobierno hay voces que ya plantean la necesidad de ampliar la base de acuerdos y no depender de una mayoría que califican de "circunstancial". El escenario concreto: si cualquiera de estos senadores pierde el cargo, el Ejecutivo deberá negociar caso a caso con la oposición para avanzar en los proyectos que hoy están en tramitación.
