Incertidumbre política pone en pausa reestructuración de Petroperú y compañía deteriora aún más su situación financiera La petrolera estatal peruana ya suma su cuarto presidente en lo que va de 2026 y registró una caída de 21,43% en sus ingresos durante el primer trimestre del año. Noticias destacadas Petroperú, la mayor empresa estatal de hidrocarburos de Perú, enfrenta una nueva fase de incertidumbre en medio del deterioro financiero que atraviesa la compañía y las dudas sobre el futuro de su reorganización.
Y es que la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano decidió suspender temporalmente el debate del proyecto que buscaba derogar el decreto de urgencia impulsado por el Ejecutivo como parte del proceso de reestructuración iniciado en 2022 para reorganizar patrimonial y financieramente a la compañía. La iniciativa parlamentaria pretendía frenar mecanismos de promoción de inversión privada en la empresa estatal bajo el argumento de evitar una eventual privatización y resguardar la soberanía energética del país.
Sin embargo, durante la sesión realizada el martes, los legisladores optaron por aplazar la votación y priorizar la recopilación de opiniones técnicas de entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión e Indecopi, antes de continuar con la discusión de fondo sobre el futuro de la normativa. La suspensión del debate legislativo se produjo días después de que la compañía anunciara un nuevo cambio en su directorio.
La Junta General de Accionistas acordó el sábado 2 de mayo designar a Edmundo Lizarzaburu Bolaños como presidente del directorio, convirtiéndose en el cuarto ejecutivo en encabezar la petrolera en lo que va de 2026 y el número 14 en los últimos cinco años. Lizarzaburu reemplazó a Roger Arévalo Ramírez, quien la semana pasada advirtió que el deterioro financiero de la estatal amenazaba con paralizar refinerías clave del país y generar problemas en el abastecimiento de combustibles.
El entonces presidente de Petroperú solicitó un financiamiento superior a US$ 2.000 millones con garantía estatal para evitar la detención de operaciones y asegurar la continuidad del suministro. Dicha advertencia se produjo luego de la paralización de la refinería de Iquitos, ubicada en la provincia de Maynas, y en medio del riesgo de un eventual cese de operaciones en las plantas de Talara y Conchán -ubicadas en las provincias de Talara y Lima-, debido a la falta de recursos para adquirir materias primas.
