Mediante un oficio dirigido a la Contralora General, los parlamentarios pidieron que en el trámite de toma de razón del decreto N° 331 se exija al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES la fundamentación específica de cada rebaja y todos los antecedentes técnicos que la respalden, evaluando si el acto cumple con los estándares de legalidad, motivación y transparencia. El senador por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, y la diputada por la Región de Coquimbo, Carolina Tello, presentaron un oficio ante la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, con el objeto de poner en su conocimiento los antecedentes relativos al decreto N° 331, de fecha 24 de abril de 2026, que modifica el presupuesto vigente del sector público y que actualmente se encuentra ingresado a trámite de toma de razón.
En el documento, los parlamentarios solicitan que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales la Contraloría evalúe si el acto cumple con los estándares de legalidad, motivación y transparencia en el marco de la toma de razón y requiera a Hacienda y a la Dirección de Presupuestos la fundamentación específica que justifique cada reducción presupuestaria, el sustento normativo aplicable a cada modificación, la identificación de los programas y asignaciones afectadas junto con el impacto esperado de las rebajas, así como la remisión de todos los antecedentes fundantes, incluyendo oficios, minutas, informes técnicos y de ejecución presupuestaria. El senador Ibáñez señaló que “Aquí lo que está viviendo el pueblo de Chile es una verdadera estafa con recortes a derechos sociales que en campaña se supone que iban a ser garantizados.
Nosotros lo hemos advertido, una reforma tributaria que le va a bajar el impuesto a las grandes empresas solo va a generar mayor déficit fiscal. Hacemos un requerimiento a la Contraloría para que verifique la legalidad de este tipo de iniciativas que recortan mandatos legales que han sido votados democráticamente en este Congreso”.
Por su parte, la diputada Tello sostuvo que “el gobierno le está dando la espalda a los jóvenes de nuestro país. Cuando se recortan recursos que por lo demás ya habían sido aprobados democráticamente por los parlamentarios y parlamentarias del periodo legislativo anterior, a nuestro entender, se borran con el codo a través de este decreto que no está ordenando la casa precisamente, lo que se está haciendo es hipotecar el futuro de nuestro país y dándole un portazo a una generación completa”.
Los parlamentarios hicieron también un llamado al Gobierno a abandonar la lógica de los recortes opacos y advirtieron que no permitirán que se desarme la red de protección social de las familias chilenas por la vía administrativa, sin debate ni rendición de cuentas.