Este jueves, en el seminario "La carrera por los seis millones de toneladas: más producción, mayor productividad y más valor para Chile", Alejandro Tapia, presidente de Escondida, condicionó las inversiones que necesita la faena a la existencia de certezas jurídicas, regulatorias y tributarias y a procesos de permisos predecibles.
Tapia, ejecutivo de la mayor mina de cobre del mundo, controlada por la minera BHP (la compañía británico-australiana BHP Group), dijo que la demanda global de cobre se duplicará hacia 2050 y la estimó en unas 50 millones de toneladas. Esa proyección obliga, según él, a mayores inversiones para que Chile pueda responder al requerimiento de metal en las próximas décadas.
"Para atraer esta inversión necesitamos certezas: certezas jurídicas, regulatorias, tributarias, y también tener procesos de permisos que sean predecibles", afirmó Tapia. Añadió que la mina no busca bajar estándares ambientales, sino predictibilidad para seguir atrayendo capitales.
En paralelo, Antofagasta plc, la filial minera del grupo Luksic y sociedad anónima pública del Reino Unido (plc, por public limited company), consignó en su reporte de resultados del primer semestre enviado a la Bolsa de Londres que la propuesta del Gobierno contempla medidas que cambiarían la tributación corporativa. El documento apunta también a la posibilidad de acuerdos de estabilidad tributaria, bajo ciertas condiciones de inversión, que favorecerían a proyectos mineros.
La propuesta del Ejecutivo incluye una reducción gradual de la tasa del impuesto de primera categoría, desde 27% a 23%, y una norma de invariabilidad tributaria, es decir una garantía legal que fija la carga fiscal por un periodo determinado para dar seguridad a inversiones de gran envergadura. Esa combinación, en teoría, busca incentivar proyectos; en la práctica, las empresas repiten que sin certidumbre no llegará todo el capital esperado.
La discusión de fondo tiene una arista práctica para el país y para la gente: más inversión minera puede traducirse en mayores puestos de trabajo, más actividad en regiones como Antofagasta y Atacama, y aumento de exportaciones que sostengan las arcas públicas. Pero esas ganancias dependen de que las compañías perciban reglas estables para los próximos años.
El proyecto está en trámite final en el Congreso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional, convocó una mesa técnica para incorporar propuestas de la oposición, lo que apunta a negociaciones en la Cámara Alta antes de su aprobación definitiva. En concreto, la iniciativa reduce la tasa de impuesto de primera categoría de 27% a 23% y propone la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, y esas dos dimensiones serán clave en las próximas semanas de tramitación.
